El capitalismo de amiguetes no es capitalismo

«Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores, entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada

Ayn Rand

La expresión «capitalismo de amiguetes» predispone a estar en contra del capitalismo, aunque paradójicamente la existencia del primero se deba a la falta de un verdadero mercado libre. Lo mismo sucede con el capitalismo salvaje, una situación muy alejada de la realidad. Por simplicidad, muchos acaban asociando el capitalismo con la corrupción, cuando en realidad, ambos términos son opuestos. El capitalismo de amiguetes surge por una falta de capitalismo, y no por un exceso del mismo.

El capitalismo promueve la propiedad privada y el libre mercado: las personas son dueñas de sus bienes y pueden comerciar con ellos como deseen. Por el contrario, el capitalismo de amiguetes deriva de un poder excesivamente alto del Estado para repartir discrecionalmente el dinero de los ciudadanos entre los afines al poder —recordemos que el Estado no posee ningún dinero que no haya extraído antes de los ciudadanos—. Estos son algunos de los nefastos efectos que provoca:

Rescates

El capitalismo supone privatizar pérdidas y ganancias: tú inviertes y tú cosechas los beneficios. Si hay deudas, las asumes personalmente. El socialismo es lo contrario: reparto de pérdidas y ganancias entre todos. Pues bien, en los rescates se socializan las pérdidas pero se siguen privatizando las ganancias. Es decir, los rescates son una socialización parcial del capitalismo, y no su versión más pura, como hábilmente intentan vendernos. Las empresas, supuestamente independientes, se quedan los beneficios mientras los tienen, pero se alían con el Estado cuando tienen problemas. Éste, siempre solidario con el dinero de los demás, y bajo el pretexto de tratarse de un sector estratégico que desestabilizaría la economía nacional o dejaría sin trabajo a muchas personas —el caso más clamoroso en España fueron las cajas de ahorros—, acude en su ayuda entre todos los contribuyentes, que ven cómo su dinero desaparece bajo la dudosa gestión de sociedades particulares ruinosas.

Adjudicación de contratos y subvenciones

Estas alianzas público-privadas también se producen con los contratos de obras y los servicios públicos: el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y otros entes públicos requieren un servicio (la construcción de infraestructuras, servicios de seguridad, de limpieza, etc.) y pagan a una empresa privada para que se encargue de proporcionarlo. A su vez, establecen unas normas y requisitos que, habitualmente, solo cumplen las empresas de los amigos y familiares de los políticos. Esto no sólo supone un reparto injusto de dinero, puesto que la mejor empresa no es la que obtiene el contrato, sino que perjudica a todos los ciudadanos, pues reciben un servicio de menor calidad y mayor coste.

Pero el capitalismo de amiguetes no solo tiene lugar con empresas. Las administraciones públicas reparten cada año cerca de 10.000 millones de € de nuestro dinero (más de 400 € por trabajador) en forma de subvenciones para entidades y conjuntos de ciudadanos, comprando así votos y estableciendo feudos partidistas para perpetuarse en el poder. Ejemplos de esto son la agricultura, la minería, las energías renovables, los propios partidos políticos, sindicatos y patronal, la industria del cine, los espectáculos de ocio, las asociaciones sin ánimo de lucro o incluso la promesa de subir los impuestos «a los demás». Las subvenciones no sólo son ineficientes desde el punto de vista económico, sino también injustas, pues otorgan el dinero de forma arbitraria y no a los proyectos que cada persona decide.

Privatizaciones a dedo

Pese a que la empresa privada, como contraposición a las estatales, es más eficiente y ética (puesto que la competencia le obliga a mejorar constantemente sus servicios y su negocio se basa en la compraventa voluntaria en lugar de coactiva), la combinación de un poder político demasiado grande junto a la privatización genera unos enormes incentivos para la corrupción. En lugar de retirarse de la actividad económica (otorgando participaciones a todos los ciudadanos, a los trabajadores y gestores, o bien subastando al mejor postor), el Estado planifica el traspaso de una empresa pública a manos privadas de la manera que mejor le convenga a sus gestores, por lo que muchas de ellas acaban bajo control de familiares, amigos y lobbies. Es decir, la privatización no repercute en un beneficio para sus legítimos dueños, los contribuyentes, sino para sus gestores.

Un problema de incentivos

Por todo, esto, la expresión «capitalismo de amiguetes» es una contradicción en los términos. Sus efectos se producen por socializaciones de pérdidas y por el reparto discrecional del dinero de los ciudadanos para beneficio de los políticos y burócratas, todas ellas situaciones profundamente anticapitalistas.

Nada de esto sería posible si los gestores de lo público no contasen con un enorme poder y una ingente cantidad de recursos ajenos para dilapidar a costa del contribuyente para obtener beneficios personales. Las puertas giratorias, los sobornos, las mordidas o el clientelismo, todos son problemas del bienestar del Estado. La hipertrofia de lo público es ineficiente, pues genera incentivos perversos para la corrupción, e inmoral, ya que perjudica a todos aquellos que no cuentan con fuertes lazos con el poder.

Cada vez que la ciudadanía pide más presupuesto público (a costa de todos los ciudadanos) está dándole alas a todos los ladrones que dicen ser nuestros representantes. Tenemos una administración muy intervencionista que causa mucho más problemas de los que resuelve. Si queremos acabar con la lacra de la corrupción, reduzcamos el tamaño del Estado y devolvamos el poder a la sociedad civil. A cada ciudadano particular, no a los representantes políticos.