Extracto del libro Justicia sin Estado, de Bruce Benson (capítulo 3: El ascenso de la ley autoritaria):

Las funciones principales de los Gobiernos son actuar como mecanismo para extraer riqueza de unos y transferirla a otros, y discriminar entre grupos en base a su poder relativo para determinar quién gana y quién pierde.

La competencia intragubernamental a menudo implica un intercambio. Los que toman las decisiones políticas discriminan entre grupos que compiten entre sí en base a lo que pueden ofrecerle al político. Así, se vuelve evidente el esfuerzo que los actores políticos realizan para reducir el poder de otros grupos (y viceversa): esos otros grupos pueden amenazar las fuentes de riqueza de los «tomadores de decisiones».

Algunas transferencias de riqueza son obvias: se recaudan impuestos y los gastos estatales indican al menos algunos de los beneficiarios de esa transferencia. Otras transferencias son menos obvias. En particular, se pueden alterar los derechos de propiedad mediante cambios autoritarios en las leyes. Las modificaciones autoritarias de derechos tienen una doble naturaleza: el otorgamiento de derechos a A implica un riesgo para B, y viceversa; los conflictos resultantes entre A y B son omnipresentes, puesto que para que A tenga derechos, los intereses de A deben contar y los de B deben no contar.

Un cambio en los derechos tiende a aumentar los incentivos de los intereses perjudicados y desorganizados para entrar en el ámbito político, por lo que podemos esperar que las demandas para la concesión de derechos crezcan con el tiempo. Cuando un grupo ya está organizado, los costes adicionales de pedir nuevos beneficios son relativamente más bajos, y el grupo puede interesarse por asuntos que van más allá de sus preocupaciones originales. Cuando el poder crece, los objetivos se expanden —independientemente de si ese poder se acumula en un Gobierno que busca expandir sus fronteras o en grupos de interés que piden transferencias—.

Ley autoritaria

Dado que la ley autoritaria está pensada para producir transferencias involuntarias de riqueza, sólo necesita el apoyo de minorías políticas poderosas de las personas afectadas. Las leyes son relativamente más fáciles de cambiar cuando son un reflejo de cambios y aumentos de las demandas políticas que cuando deben ser voluntariamente aceptadas por todas las partes. La evolución de la ley autoritaria, por tanto, puede ser mucho menos gradual que la evolución de la ley consuetudinaria.

El dinero y los recursos de los «tomadores de decisiones» del Gobierno es limitado, por lo que el aumento de las demandas políticas fuerza a delegar responsabilidades. Hay al menos tres consecuencias de dicha delegación. Primero, empieza a predominar la competencia entre burocracias por recibir derechos para imponer ciertas leyes y recibir su correspondiente presupuesto, poder y prestigio. Segundo, cuando estas burocracias aumentan en número o tamaño, la capacidad de los «tomadores de decisiones» de monitorizar sus acciones disminuye. Tercero, cuando las burocracias aumentan en número, generalmente se vuelven grupos de interés políticos, que demandan más derechos para generar transferencias de riqueza hacia los burócratas en forma de mayores presupuestos, prestigio y poder.

Los derechos de propiedad proporcionan incentivos que condicionan el comportamiento, por lo que es probable que un cambio en los derechos cambie el comportamiento. Dado que el derecho consuetudinario enfatiza la propiedad privada y los derechos individuales, las transferencias autoritarias de derechos implican, al menos inicialmente, restricciones en la propiedad privada y los derechos individuales. Cuando estos derechos se alteran significativamente, los individuos dejaran de realizar funciones que previamente merecían la pena. Si existen grupos políticos poderosos que demandan esa función, el Gobierno o bien intentará forzar el comportamiento anterior, o bien realizará directamente dicha función.

Además, cuando la ley no se fundamenta en la reciprocidad, no proporcionará los fundamentos para su cumplimiento. El cumplimiento de las leyes autoritarias requiere una coacción relativamente superior, mientras que las instituciones legales consuetudinarias evolucionan para facilitar la interacción voluntaria. Cuando el propósito efectivo de las leyes cambia, se requiere un nuevo conjunto de instituciones para reemplazar a aquellas que no pueden facilitar los intercambios involuntarios. Asimismo, las instituciones estatales no se pueden usar de forma tan efectiva para facilitar las interacciones voluntarias, dado que las instituciones del derecho consuetudinario han sido eliminadas o alteradas.

Las instituciones y leyes estatales han evolucionado para construirse sobre, o directamente reemplazar a las instituciones privadas y al derecho consuetudinario. Esto no prueba que dichas leyes e instituciones sean necesarias para mantener un orden social ni para sostener un sistema que enfatice el respeto a la libertad individual y la propiedad privada. Las leyes e instituciones estatales autoritarias tienden a hacer precisamente lo contrario, puesto que su función es facilitar las transferencias involuntarias en lugar de las interacciones voluntarias.

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