No vivimos en un capitalismo salvaje

«Capitalismo salvaje» es el término que se suele utilizar para culpar al capitalismo de problemas que éste no ha provocado. Lo mismo ocurre con el mal llamado capitalismo de amiguetes, que no es más que un intervencionismo estatal rampante. El capitalismo aboga por el libre comercio y el respeto a la propiedad privada. Por lo tanto, cabe suponer que el capitalismo salvaje hace referencia a una intervención estatal mínima o nula en la economía: impuestos muy bajos, regulaciones y normativas lo más reducidas posibles, igualdad ante la ley y un respeto a ultranza de ésta.

Sin embargo, basta hacer un repaso general de nuestra economía para darnos cuenta de que todo esto brilla por su ausencia.

Limitación de competencia y concesión de licencias

El Estado impone leyes que impiden realizar una actividad económica libremente, casi siempre en favor de lobbies o por motivos electorales. A su vez, perjudica directamente al consumidor, puesto que la competencia tiende a reducir los costes y mejorar la calidad de los bienes y servicios.

Las prohibiciones de Uber, Blablacar y Airbnb, licencias de farmacias, estancos, taxis, loterías, licencias municipales de construcción como Eurovegas o el Edificio España, la limitación de horarios de apertura de los locales comerciales, la prohibición del alquiler particular de viviendas vacacionales, la obligación de mantener un empleado por gasolinera, o los monopolios estatales, son sólo algunos ejemplos.

Sectores y monopolios estatales

Existen cientos de empresas y organismos controlados total o parcialmente por el Estado y financiados a costa del contribuyente, sin importar si éste quiere recibir sus servicios o no. Un ejemplo son las televisiones estatales y autonómicas, con un coste de unos 1800 millones de € anuales. Otras empresas, aun siendo privadas, reciben gran parte de sus ingresos gracias a los contratos que les adjudican las administraciones públicas para realizar proyectos que los ciudadanos no han demandado. Uno de los ejemplos más flagrantes son las infraestructuras: aeropuertos vacíos en medio de la nada, ciertas líneas y estaciones de AVE o Metro, autopistas como las radiales, carreteras y rotondas a ninguna parte, etc.

En muchos casos, además, el sector está monopolizado, como es el caso de RENFE en el ferroviario. En otros, la competencia está limitada a un sector de la población, como en la sanidad y la educación privadas, a la que mucha gente no puede acceder por tener que sufragar obligatoriamente las estatales.

Híper-regulación sectorial

En los sectores en los que el Estado sí permite competir, tampoco nos encontramos normalmente con un mercado libre. Los bancos, por ejemplo, reciben crédito del Banco Central Europeo, cuyos intereses están fijados por motivaciones políticas y no se corresponden con los que establecería el libre mercado. Esto provoca burbujas financieras que se trasladan a sectores concretos de la economía, como la del sector inmobiliario en España. Además, con herramientas como el Fondo de Garantía de Depósitos, se premia la mala gestión de una empresa mediante rescates, en lugar de permitir que quiebre y solo se mantengan las entidades más eficientes.

Otro ejemplo muy relevante de mercado intervenido es el energético. Nada menos que el 50 % del coste de la electricidad son impuestos y costes políticos, como las primas a las renovables. Además, se ha planificado centralizadamente el mix energético durante años en lugar de permitir la competencia. Los subsidios políticos han incentivado la instalación de fuentes de energía en el momento en que más caras eran, encareciendo notablemente el precio que paga hoy el consumidor, y se penaliza gravemente el autoconsumo mediante regulaciones y costes meramente políticos.

Mercado laboral

El trabajo es otro de los sectores más intervenidos, así como el que más problemas causa, con diferencia, en la economía española. El salario mínimo, una de las indemnizaciones más caras de Europa o los convenios colectivos de obligado cumplimiento han consolidado una tasa de paro media del 17 % en los últimos 40 años, mientras que la temporalidad se ha situado entre el 25 y el 35 % durante las últimas dos décadas.

La rigidez y los altos costes laborales dificultan la contratación, convirtiéndola en prohibitiva para muchas empresas, especialmente las pequeñas. Por otro lado, los enormes costes al despido penalizan los errores empresariales, desincentivan la inversión y condenan a la quiebra a empresas enteras. Los infames «derechos laborales» condenan al paro crónico y a la dependencia estatal a millones de personas. Suiza, sin salario mínimo y con un sueldo mediano de 6000 CHF (5500 €), o Dinamarca, con una indemnización por despido prácticamente nula y una tasa de paro del 4% (no superó el 8% ni en el peor momento de la crisis) demuestran que un mercado laboral flexible es la mejor garantía de prosperidad para los trabajadores.

Los contratos voluntarios entre empresa y trabajador benefician necesariamente a ambos. Las condiciones laborales mejoran gracias al aumento de la productividad y la competencia por contratar, no mediante decretos y regulaciones que garantizan el paro para unos y la asfixia estatal para otros. El poder negociador del trabajador se maximiza en ausencia de regulaciones que provocan un desempleo crónico.

Infierno fiscal

Pese a algunas falacias recurrentes, los impuestos en España son bastante altos, incluso con respecto al resto de Europa. La cuña fiscal por habitante es del 39,6 %, puesto 13 de 34 de la OCDE, por encima de la media e incluso de países como Dinamarca o Noruega. Cerca de la mitad del sueldo medio se dedica a engordar las arcas del Estado, equivalentes a 27 años de nuestra vida, para orgullo de políticos y burócratas.

Existen decenas de impuestos, entre los que se encuentran las cotizaciones sociales, IRPF, IVA, sociedades, sucesiones, donaciones, especiales (alcohol, tabaco, electricidad, hidrocarburos o transporte), IBI, vehículos de tracción mecánica, actividades económicas o impuestos medioambientales, entre otros. Tampoco se libran del saqueo los autónomos, que deben cotizan por una base fija de 10.700 € anuales aunque sus ingresos sean menores, lo que dificulta el emprendimiento y fomenta el desempleo.

Todo ello le permite al Estado controlar de forma directa el 45 % del PIB (2014) y lastra la actividad económica: al igual que muchos políticos y personajes públicos reconocen que el IVA a la cultura perjudica a la cultura, los impuestos a toda la economía perjudican a toda la economía.

Modelo socialista de financiación autonómica

Las comunidades autónomas españolas no son en realidad tan autónomas: los ingresos están socializados en un 75 % entre todo el país, un fuerte incentivo para no reducir nunca los impuestos. Este modelo está inspirado en la cita de Marx: «De cada uno según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades». Así, las comunidades más libres económicamente se ven obligadas a mantener altos impuestos para sostener a las más reguladas e intervenidas. Por tanto, se premia la ineficiencia, el despilfarro y el clientelismo mientras se castiga la responsabilidad y la austeridad.

Capitalismo salvaje, una excusa más

Esta lista no es exhaustiva. Existen muchos más ejemplos a pequeña escala de intervención política en la economía, y cada semana podemos ver en la prensa alguna nueva idea de algún líder regional o local.

Hablar de capitalismo salvaje es una forma simple de asociar un mal visible con un enemigo ideológico, aun cuando éstos no tengan relación entre sí. El capitalismo se ha convertido en un chivo expiatorio cuya función es eximir al oyente o lector de pensar y razonar sus críticas.

Entonces, ¿en qué sistema vivimos? En un corporativismo o mercantilismo salvaje, también llamado capitalismo de amiguetes, una forma de intervencionismo estatal rampante.