El economista y abogado Ignacio Blanco ha publicado recientemente un artículo en el que afirma que el tamaño de los Estados es irrelevante a la hora de incrementar la libertad de las personas. Es por ello que, en su opinión, la secesión queda refutada, al menos desde un punto de vista utilitarista. En este artículo me propongo analizar las justificaciones teóricas y el estudio empírico que realiza para sostener tal afirmación.

Blanco enumera algunos de los muchos autores que ofrecen argumentos a favor de la descentralización, la secesión o la conveniencia de los Estados pequeños, y explica muy brevemente sus tesis: Gissurarson, Taleb, Bartlett, Rallo, María Blanco, Krause, Kaiser, Bastos y Huerta de Soto, entre otros. Todas estas ideas quedan, en su opinión, refutadas por dos motivos: uno teórico y uno estadístico.

En primer lugar, el error teórico consistiría en no considerar los efectos negativos de las poblaciones pequeñas y homogéneas: su robustez frente a los cambios sociales y de regímenes políticos, el fortalecimiento del poder estatal mediante la supresión de las discrepancias, y la disminución de los costes de coerción del Estado. Esta podría ser la parte más interesante del artículo.

Robustez de las sociedades homogéneas

Los cambios políticos derivados de la menor robustez del Estado no está nada claro que sean beneficiosos para la sociedad, como da a entender Blanco. Para ilustrarlo, menciona el surgimiento de la democracia liberal como algo positivo. Sin embargo, muchos cambios sociales y políticos producidos por una sociedad heterogénea han sido catastróficamente destructivos, como los procesos de descolonización que han terminado en cruentas guerras étnicas en África o Yugoslavia. Considerar los cambios como inherentemente buenos no es correcto, sino que dependen de aquello que se pretende cambiar. Así, desde el punto de vista de la libertad personal, un régimen totalitario como Corea del Norte se ve perjudicado por la robustez (ya que impide el cambio de unas instituciones represivas y empobrecedoras), pero una sociedad próspera como Dinamarca se beneficia de ella (ya que le permite conservar su libertad y fomentar el progreso).

Silenciamiento de las diferencias

El segundo punto, la eliminación de las divergencias, está muy relacionado con el anterior: una divergencia a favor de la libertad será negativo que se vea silenciada, pero otra en contra de ella será beneficioso que se elimine. De hecho, en el caso particular de Cataluña, muchos ciudadanos contrarios a la secesión opinan que habría que suprimir la autonomía catalana y trasladar sus competencias al Estado central para evitar lo que consideran un adoctrinamiento nacionalista. Claramente esto equivale a decir que se ha producido una deriva que atenta contra la libertad (supuestamente causada por la autonomía), y por tanto habría que frenarla.

Costes de coerción

El tercer punto son los costes de coerción. Ciertamente, sabemos por la teoría económica que existen costes de información crecientes a medida que la planificación se va centralizando (esto es cierto tanto para empresas como para Estados), y que por tanto, un Estado que intente planificar lo hará progresivamente de forma más ineficiente según intente abarcar más ámbitos e intervenirlos en mayor medida. Un Estado que quiera ser muy liberticida tendrá, por tanto, más facilidades para conseguirlo si sus costes de llevarlo a cabo son bajos.

Sin embargo, este argumento, que tiene parte de verdad, también lleva a otra conclusión que, lejos de refutar las teorías favorables a la descentralización, las refuerza. Mientras existan los Estados, los ciudadanos deseamos que funcionen lo mejor posible. Puesto que los grandes tienen problemas de información mucho mayores, por mucho que intentemos que respeten nuestras libertades, tenderán a burocratizarse y a hacerse progresivamente más ineficientes y a intentar solucionar sus fallos con nuevas intervenciones, incluso aunque solo se encargasen del ideal liberal clásico del orden público, la justicia y la defensa.

La gran olvidada: la capacida de coerción

Por si esto fuera poco, Blanco olvida convenientemente de hablar de la capacidad de coerción. Aun aceptando que los costes de coerción puedan ser mayores en los grandes Estados, resulta muy evidente que también reciben muchos mayores beneficios por hacerlo. El cambio de escala permite realizar acciones que el Estado pequeño no podía (invadir países, librar grandes guerras, financiar extensos programas de investigación, etc.), que consiguen mitigar este aumento de costes, y posiblemente generen un saldo positivo aún mayor para los gobernantes. Es muy evidente que un Estado grande también tiene una mayor capacidad represiva (y no solo mayores costes) en forma de mayores ejércitos, agencias secretas, presión internacional, etc.

Mapa de Alemania como parte del Sacro Imperio Romano Germánico en 1789, antes de su unificación.

Estudio empírico: surgen los problemas

La segunda parte del artículo es un análisis empírico sobre la correlación entre el tamaño de los países y su grado de libertad, y es considerablemente menos rigurosa que la anterior. Aquí Blanco cae en los mismos errores que cometen muchos economistas a la hora de estudiar la realidad: una matematización de la sociedad que deja fuera cientos o miles de variables que son imposibles de tener en cuenta. En particular, se pueden detectar al menos cinco fallos importantes en este estudio:

El primer problema aparece cuando menciona el índice de libertad económica elaborado por la fundación Heritage, ya que oculta que gran parte de los países más pequeños del mundo no se encuentran incluidos, debido seguramente a la dificultad para recopilar información sobre ellos. Así, menciona a micropaíses poco libres como Kiribati, Timor Oriental o Micronesia, que sí aparecen en él, mientras que los más libres como Andorra, Mónaco o Liechtenstein casualmente no lo hacen, sesgando los resultados.

Por otro lado, realiza el análisis relacionando riqueza con población, pero olvida otros factores como la extensión territorial del país, que también afecta a los incentivos explicados por todos los autores mencionados anteriormente.

Un tercer error es el de considerar sólo valores estáticos (riqueza, libertad económica…) en lugar de cambios dinámicos. Sabemos, por ejemplo, que los países nórdicos no se enriquecieron gracias a sus amplios Estados del bienestar, sino que ya lo eran previamente, como explican Johan Norberg o Nima Sanandaji, y observamos cómo hábilmente se confunde a la opinión pública para hacer creer que su riqueza actual deriva directamente de sus políticas de la segunda mitad del siglo XX. De la misma forma, los incentivos no son directamente apreciables haciendo una foto de la situación actual, sino que son procesos que pueden durar incluso décadas.

En cuarto lugar, analizar la descentralización como un mero análisis entre países hace que se pierda toda la información que se encuentra dentro de los países. La secesión no es más que un caso extremo de descentralización, en la cual se transfieren todas las competencias a un nivel inferior, en lugar de solo unas pocas. No es una diferencia de concepto, sino de grado. Hacer una correlación entre países no permite observar la descentralización que se produce en su interior. Así, Suiza, Alemania o Estados Unidos son países con un fuerte carácter federal, que sin embargo tienen el mismo peso dentro de la correlación que un país centralizado y unitario como Francia. Tampoco se tienen en cuenta territorios autónomos como Gibraltar, las islas británicas del Canal de la Mancha o las zonas económicas especiales chinas (con excepción de Macao y Hong Kong, que sí cuentan con datos propios), al no considerarse países independientes, pese a tener sin embargo distintas legislaciones.

Por último, y en quinto lugar, una correlación completa descarta prematuramente que pueda haber varias correlaciones distintas. Es decir, sabemos qué efectos tiene la descentralización, pero no en qué condiciones y en qué grado se producen. Por ejemplo, podría ser que los efectos de tener países pequeños se notasen especialmente a partir de un cierto tamaño máximo, pero muy poco si lo superan, o viceversa; o que los efectos se noten únicamente en países que se separan teniendo ya previamente instituciones sólidas, o al contrario, etc.

La principal defensa de la libertad es ética

Es importante recalcar que el principal argumento a favor del derecho de secesión desde el liberalismo es la libertad de asociación, no la eficiencia. Esta última es más bien una agradable coincidencia. Las personas tienen que tener la posibilidad de elegir cómo organizar su comunidad política, libres de imposiciones de terceros. Este derecho es individual, pero los costes de la secesión van aumentando a medida que se reduce el tamaño de la nueva comunidad, por lo que es previsible que se termine articulando de forma colectiva a niveles pequeños (por ejemplo los municipios) en caso de que estos costes sean demasiado altos.

No deja de ser paradójico que los mayores defensores del pragmatismo y los que más condenan la ingenuidad o la utopía apelen siempre a la secesión individual como la única legítima. Explican, desde un plano puramente teórico, que los derechos son individuales, y que por tanto no cabe una secesión colectiva, para acto seguido reclamar la legitimidad de la unión colectiva. Tal extraña mezcla de dogmatismo y pragmatismo lleva a contradicciones irresolubles, y no permite dilucidar cómo deben ponerse en práctica los derechos fundamentales del liberalismo en la vida real. Una vez expuesta esta contradicción, parecen olvidar repentinamente toda referencia a los valores más básicos del liberalismo, y recurren en su lugar a la democracia (como si ésta no se tratase de algo colectivo) o a la Constitución (como si firmar un contrato en nombre de otras personas fuese automáticamente compatible con la libertad individual, independientemente de su contenido).

Conclusión

Es por todo ello que, más allá de los argumentos éticos, la crítica a la eficiencia de Ignacio Blanco tiene algún punto interesante (como los costes de coerción en las comunidades homogéneas) y demasiadas lagunas, tanto teóricas como en especial prácticas, como para refutar de un plumazo y en unos pocos párrafos toda la literatura (también con estudios empíricos) sobre la descentralización y las comunidades políticas reducidas.

Leave a Reply